La Política Criminal en Costa Rica
Influencia de las escuelas en la Política Criminal Costarricense
La Política Criminal es la reforma regular de la
legislación penal, que busca el bien común. Asimismo, podría decirse que es el
conjunto de métodos represivos implementados por el Estado contra la
criminalidad.
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La Política Criminal se nutre de una serie de escuelas
penales como la Escuela Clásica, la Escuela Alemana, la Escuela Socialista, la
Escuela Positivista; y de diversas ideologías y principios expuestos por grande
pensadores como Prins, Van Hamel, Liszt, etc.
La Escuela clásica: esta evoca el modelo de culpabilidad del sujeto, la
cual supone que el individuo es responsable y le exige tal responsabilidad
mediante el reproche jurídico, ya que ha infringido el Código Penal. La culpa
recae en la persona por el hecho aislado descrito en la normativa penal, con
matizaciones:
§
Se valora
la personalidad del individuo (carácter).
§
Se valora
su reincidencia o hechos anteriores.
La
Escuela Positivista: derecho
penal basado en la peligrosidad del individuo tras hacer un juicio de
pronóstico.
La Política
Criminológica costarricense no es la excepción a este fenómeno, ya que presenta
en su normativa una fuerte influencia de las escuelas y de los estudiosos antes
mencionados. No obstante, las concepciones político-criminal expuestas en el
Código Penal actual, no siempre fueron las mismas, esto se puede observar a lo
largo de la historia, desde la época colonial hasta el presente.
Costa Rica adoptó una serie de códigos penales a lo largo
de su historia jurídico-penal, esto con el fin de mantener el control social y
de rehabilitar a aquellos que se desviaban de las normas establecidas mediante
dichos documentos. Durante este proceso, el país incorporó a su Política
Criminal, una serie de componentes que se constituyeron como producto de su
devenir histórico.
Tales elementos históricos son: la sanción penal como
castigo por el delito perpetrado, la rehabilitación, resocialización y
reinserción del delincuente a la sociedad como una enmienda a la conducta
delictiva, y el sistema de persecución penal como una forma de combatir el
creciente fenómeno criminal, etc. Todo lo anterior, compilado en diversos
Instrumentos jurídico-penales que se detallan más adelante.
Al Estado como órgano
rector del país, le corresponde establecer el marco jurídico con el que va a
regular la sociedad y estipular las políticas públicas y político-criminales
para la prevención del delito, combatir la delincuencia, procurar e impartir
justicia en beneficio de su ciudadanía, etc.
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