Política Criminal Fallida en Honduras

Necesidad de implementar una Política 

Criminal en Honduras 

En el año 2002, bajo el marco del Plan Libertad Azul, impulsado por el presidente Ricardo Maduro, se configura el operativo de cero tolerancia contra los grupos pandilleros, el cual consistía en la captura masiva de pandilleros pertenecientes a las maras  mediante el uso de la fuerza, el involucrando de la policía y el ejército, sin una orden judicial. Bajo esta política criminal, una vez capturados, los pandilleros eran acusados bajo el delito de asociaciones ilícitas por simple apariencia ante el orden jurídico y constitucional de la nación.

La implementación de esta política criminal de cero tolerancia contra las pandillas, surge como ya se ha mencionado anteriormente, producto de la difícil situación en Honduras, ya que el escenario económico, social y el político no era estables; es decir, enfrentaba una crisis muy profunda que le impedía al Estado dar una solución pronta y oportuna a la problemática social que sobrevendría, a causa de una serie de factores que intervinieron en el contexto.

Tales razones obedecen a la crisis social, económica y política que atravesaba el país, agudizando los problemas sociales y con ello, incrementando la criminalidad. Ante esta situación surge la necesidad de ejecutar una política criminal que contribuyera a disminuir los altos índices de delincuencia que imperaban en dicha nación. Las principales causas, a saber:

• Sociales: entre estas se pueden mencionar la creciente inseguridad ciudadana que imperaba en las calles hondureñas, las pandillas habían delimitado su territorio y extorsionaban a los vecinos de la zona.

• Políticas: las causas políticas más sobresalientes para implementar una política criminal como la de cero tolerancia contra las maras, se debe a que estas organizaciones, habían tomado fuerza no solo en el territorio hondureño sino que también estaban presentes en casi toda Centroamérica, con esto se convertían en grupos organizados con transacciones multinacionales. Asimismo, estaba el hecho de que ya se habían infiltrado en la cúpula del poder policial y judicial por medio de la corrupción.

Fuente: vídeo tomado de https://youtu.be/FoQzs4dWFK4

• Económicas: entre las causas económicas que evidenciaban en esa época la necesidad de ejecutar una política criminal que contribuyera a erradicar el conflicto que cobraba fuerza cada día más, era el hecho de que ya las pandillas no eran un simple grupo de pandilleros de barrio que peleaban por su territorio y donde su principal entrada de capitales era el narcomenudeo, sino que se habían transformado en entidades criminales organizadas con operaciones internacionales que les proporcionaban grande ingresos de capitales por actividades delictuales como la secuestro extorsivo, bajonazos, robos, asaltos, sicariato, venta, trasiego y ocultamiento de drogas, legitimación de capitales, prostitución infantil, trata de personas, etc. 

Razones del fracaso de la política criminal

Honduras es uno de los países más violentos y pobres de Latinoamérica, agobiado por la criminalidad en la región. Los motivos que llevaron al fracaso de la Política Criminal de “Cero Tolerancia contra los grupos de pandillas” empleada en territorio hondureño, se deben en parte, a una serie de aspectos que se configuraron para evitar que se obtuvieran los resultados esperados. Tales como:

• Posición estratégica como país de tránsito para el comercio transnacional de drogas.
• Cambios macroeconómicos.
• Pobreza endémica.
• Corrupción.
• Inestabilidad política.
• Situación criminal adversa en el país, como ha ocurrido en la región con otras políticas similares.

Fuente: vídeo tomado de https://youtu.be/d4305cCMo9M

• Dificultad para aplicarla debido a las condiciones delincuenciales en la nación.
• Ineficacia, inefectividad e ineficiencia de la Política Criminal.
• Carácter autoritario de la Política frente al problema.
• Instauración de penas represivas desproporcionales con la gravedad de la situación.
• Identificación escasa de lo que constituye un pandillero.
• Poca claridad de los parámetros a utilizar para arrestar a los pandilleros.
•  “…Podría decirse que este proyecto de ley es una medida fallida para criminalizar a un segmento de la población que no ha logrado ser claramente identificado por las autoridades y los legisladores.” (Asmann, 2017).
• Saturación de los centros penales por la captura de miles de pandilleros.
• Mayor penetración del movimiento pandillero en el Triángulo Norte.
• Altos índices de homicidios y ajusticiamientos.
• Organización sofisticada de las Maras.
• Violación de principios fundamentales de igualdad ante la ley y de constitucionalidad.
• La ola de represión permitió a los grupos delictivos cambiar su modus operandi para no ser capturados fácilmente.
• Internalización del fenómeno de las maras y de sus actividades delincuenciales.

Evidencias del fracaso de la política criminal

Las evidencias del fracaso de la implementación de la Política Criminal de “Cero Tolerancia contra las Pandillas” en el territorio hondureño no se hicieron esperar, con tan solo cuatro meses de iniciada la Ley, se trasladó parte del problema a las cárceles en donde Gerson Ramón Belisle Castro, miembro de la MS13 fue encarcelado por el de asociación ilícita, sin ningún cargo delictivo, y fue asesinado brutalmente al interior de la penitenciaría. Lo anterior era una muestra factible de que la disposición no solo estaba fallando sino que además estaba cobrando vidas.

                                       Fuente: vídeo tomado de https://youtu.be/P-AKa-sKFbo

A finales del año 2004, se generó uno de los sucesos más lamentables del país, demostrando con hechos que la política efectuada en lugar de disminuir la criminalidad, propósito por el cual había sido ejecutada, más bien la fomentaba; al año y cuatro meses de haberse creado la Ley Antimaras, presentó uno de los episodios más violentos en la historia criminal de Honduras, la Pandilla de los Maras Salvatrucha (MS13) ejecutó a balazos a 28 pasajeros inocentes que viajaban en un bus de San Pedro Sula.

Otros factores que evidenciaron el rotundo fracaso de dicha política criminal se enumeran, a continuación:

• Empeoramiento del hacinamiento en el sistema penitenciario.
• Perfeccionamiento de la acción delictiva.
• Restructuración de las pandillas.
• Aumento de la población carcelaria, convirtiendo a las penitenciarías en la principal incubadora del crimen organizado.
• Se elevaron las extorsiones y los miembros presos comenzaron a recibir dinero.
• Desde los penales comenzaron a salir órdenes para asesinar testigos que actuaban en contra de la pandilla.
• Reactivación de miembros retirados, entre varias acciones más.
• La tasa de homicidios indicaba no solo el fracaso de la medida sino que empeoraba la situación delincuencial en el país.
• Visibilización del fenómeno pandilleril.
• Inseguridad ciudadana y temor en la sociedad.
• Incorporación de más grupos de pandillas a la actividad delictiva como Los Cachiros, Los Valles, Barrio 18 (M18), el cartel del Atlántico y los Mara Salvatrucha (MS13).

“Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dejaron claro que el número de homicidios en el país bajaron, pero según el analista hondureño Tomás Andino, el nivel de crueldad y violencia alcanzó su momento más crítico en esos años. La violencia pandilleril como su expansión no estaba solucionándose. Desde que inició la Ley Antimaras hasta diciembre de 2006 habían sido capturados 6.711 pandilleros bajo el delito de asociaciones ilícitas, de los cuales 66% quedaron en libertad.” (García, 2015).

Enmiendas o mejoras realizadas a la política criminal fallida

En julio del año 2015, la Política Criminal de “Cero Tolerancia contra los grupos Pandilleros” en Honduras, fue reformada en la marco de la Ley Antimaras para aumentar drásticamente las penas y dejar que la decisión acerca de si un acusado es miembro o no de una pandilla quedara en manos de los fiscales y de los jueces, debido a  que tras un periodo de evolución, los miembros de pandillas ya no muestran sus tatuajes o se visten como miembros de las maras.

Entre otras enmiendas, la nueva reforma contempla:

• Aumentar las multas y las penas de prisión para los pandilleros.
• Castigar a quienes se vinculen a las pandillas.
• Sancionar a quienes cometan crímenes contra la propiedad o contra la vida.
• Triplicar las sanciones para aquellos que hayan obligado a menores de edad a vincularse a las pandillas.

Fuente: vídeo tomado de https://youtu.be/LgCkBe7-5mI

• Aplicar castigos aún más severos para los líderes de las maras con una pena de prisión de 10 a 15 años.
• Represalias para quienes se beneficien, financien y promuevan las estructuras criminales de las pandillas.
• Prohibición de los grupos guerrilleros.
• Clasificación de las pandillas como organizaciones terroristas.
• Intensificación de la ola represiva estatal para capturar a los pandilleros.
• Creación de la Oficina del Centro de Antipandillas Transnacional.

Referencias

Asmann, P. (2017). InSight Crime. Centro de Investigación de Crimen Organizado.

Proyecto de Ley Antipandillas en Guatemala, ¿otra política fallida de “mano dura”?. Obtenido desde http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/proyecto-ley-antipandillas-guatemala-otra-fallida-politica-mano-dura

García, C. (2015). InSight Crime. Centro de Investigación de Crimen Organizado. La

historia judicial fracasada las pandillas. Obtenido desde http://es.insightcrime.org/analisis/historia-judicial-fracasada-contra-pandillas